Cómo funciona el "negocio" de los asesinos a sueldo

En abril del año pasado, la jefatura de la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) recibió un dato alarmante de parte de una fuente de inteligencia: una banda de narcos había pagado un "contrato" de 200.000 pesos a un asesino a sueldo para matar al entonces jefe de la Unidad Regional IV con asiento en Posadas (Misiones) y al fiscal federal de Paso de los Libres (Corrientes).
Mientras se hacía la denuncia judicial, Luis Herrera (el jefe en cuestión) fue mudado rápidamente de su casa de la capital misionera y también se puso en alerta a Benito Pont, el fiscal en la mira. Ambos habían intervenido en la captura de una organización dedicada al tráfico de drogas en la frontera. El "contrato" era la venganza por ese trabajo.
"Nos advirtieron que iban a matar al Licha (apodo de Herrera) y empezamos a investigar. Llegamos a un narco brasileño apodado Boca de Lata. La investigación se estancó porque tanto este hombre como su hermano, dedicados a todo tipo de contrabando, fueron asesinados", confiaron a Clarín fuentes del caso.
Como en casi todo negocio, en el ambiente de los asesinatos por encargo hay profesionales e improvisados. El crimen que en manos de killers con experiencia puede llegar a cotizar en miles de dólares, en una villa se paga en pesos y se redondea con lo que se tenga a mano.
"En 2005 me tocó defender a un pibe de la villa 1.11.14. Era adicto y unos peruanos lo contrataron para sacarse de encima a un delivery argentino que les molestaba y del que sospechaban que era informante policial", contó a Clarín el abogado penalista Horacio Rivero.
Al chico, sicario ocasional, le pagaron con cinco mil pesos, una moto y le hicieron la cocina y un dormitorio nuevo (para la madre) en su casita de la villa. "Todo quedó como un problema del barrio. El pibe cumplió 8 años por homicidio simple", agregó Rivero, que en la causa por el fusilamiento de los narcos colombianos en el Unicenter (24 de julio de 2008) representó a Mauro Martín, el actual jefe de la barra brava de Boca. Una hipótesis de ese expediente señala que los autores materiales de los homicidios de Héctor Duque Cevallos (35) y Alexander Quintero Gardner (35) eran de "La 12".
Al caso de Unicenter le siguió, meses después (febrero de 2009), el crimen del también colombiano Juan Galvis Ramirez. Ambas fueron ejecuciones en manos de asesinos profesionales que se movían en moto. Los crímenes respondieron a pujas internas dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar estrechamente ligado al narcotráfico.
En estos dos episodios fue más que evidente la participación de killers. Pero, en general, los homicidios por encargo no son tan evidentes. "Hay casos que se presentan como homicidios en ocasión de robo en los que a uno le queda la sensación de que hubo algo más", reconoció a Clarín Claudio Tapia, jefe de la División Homicidios de la Policía Federal.
"Pero los asesinatos por encargo son muy difíciles de probar", sostuvo Tapia, quien diferencia los crímenes entre bandas, en el marco de ajustes de cuentas, y los asesinatos a manos de killers profesionales. "En este tema hay mucho de mito. La verdad es que se han probado muy pocos casos y, aunque moleste, la única manera de resolverlos es investigando a la víctima: sus deudas, sus vínculos", concluye el jefe policial.
Desde la Bonaerense, el comisario general Salvador Baratta (número dos de la Fuerza) comparte con Tapia la idea de que los sicarios ultraprofesionales no abundan en nuestros país. "Existe la contratación de mano de obra barata para hacer algunos trabajos, sobre todo ajustes de cuentas entre bandas. Los homicidios en los que actuaron killers (como el caso de Unicenter) resultan más raros. Son difíciles de investigar, es cierto, pero no imposibles. Lo más complicado es que esta gente mata y vuelve a su país de origen. Ahí es donde entramos a depender de la buena voluntad de otros", concluyó Baratta.
Las fuentes coinciden en algunos puntos. Argentina no parece ser tierra de sicarios profesionales: los importa para los "contratos" más importantes. Sí cuenta con mano de obra no tan calificada para trabajos menos prolijos.
"El sicario es orgánico a una banda. Forma parte de ella y cumple una función específica. En ese sentido, en la Argentina no existen sicarios al estilo de Perú, México o Colombia", aseguró a Clarín Marcelo Sain, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex subsecretario de Seguridad bonaerense.
Esto implica que, en nuestro país, los asesinatos por encargo son diferentes. "Los killers extranjeros entran, matan y se van. Por eso los contratan, porque es más seguro para el cliente ya que los nexos son mas difíciles de reconstruir", agregó Sain. Lo que sí existe, dice él, es una "patota" local a la que se le puede pagar para "asustar o asesinar, pero no son profesionales".
Según las fuentes consultadas por Clarín, un asesino que se hace pasar por ladrón puede cobrar entre 5.000 y 20.000 pesos. Dos con el mismo plan piden hasta 40.000 pesos. Y un grupo profesional no se mueve por menos de 30.000 dólares.
Un delito que asoma en la Red
El anuncio va directo al grano: "Asesinos a sueldo profesionales, no es broma, matones. Si alguien le atormenta déjelo en nuestras manos. Eliminación o desaparición. Absoluta reserva y eficacia total. Trabajos en Sudamerica y España". Este es uno de los tantos ofrecimientos que se encuentran, hoy por hoy, en Internet.
A algunos se llega a través de sitios de avisos clasificados. Están mezclados entre anuncios de venta de celulares o de alquileres en la Costa. "No se ensucie las manos. Nosotros lo hacemos por usted", proponen los presuntos sicarios virtuales. Remiten a una dirección de mail que hace referencia al supuesto origen colombiano de los killers.
Desde otra página, ilustrada con fotos de francotiradores encapuchados y un mapa de América Latina dentro de una mira telescópica, los "mercenarios profesionales, killers a sueldo" sacan pecho: "Tenemos la recomendación y confianza de varios clientes de Sudamérica. Olvídese del temor y resuelva los problemas a la antigua".
"No somos económicos, somos los mejores", sostiene un tercer grupo y advierte: "Nuestros trabajos son bien hechos por lo cual nos abstenemos de tomar casos urgentes".
Estos anuncios son ilegales. "No estamos hablando de libertad de expresión en la red sino de un delito puro y simple. Pero detectar a quienes se están detrás no es para nada sencillo", explicó a Clarín Marcos Salt, experto en delitos informáticos. "Los delitos cometidos en la red no tienen fronteras y eso crea problemas de jurisdicción. Por eso es indispensable contar con cooperación internacional y también con el apoyo de las empresas privadas", agregó Salt.
clarin.com